Con 340 votos a favor, 133 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de “supremacía constitucional” que modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución para la improcedencia del juicio de amparo, controversias o acciones de inconstitucionalidad contra adiciones o reformas en materia constitucional. Además de contar con un artículo transitorio en el que menciona que incluso los asuntos que se encuentren en trámite deberán acatar las nuevas disposiciones, anulando de manera automática los procesos iniciados contra la reforma al Poder Judicial.
Al tratarse de modificaciones a la Carta Magna del país, no basta con que se apruebe únicamente en el Congreso de la Unión, sino que también debe ser aceptada por mínimo 17 de los Congresos locales en los estados. Hasta el momento, esta reforma ha sido aprobada en diez estados, te compartimos el listado y los resultados de las votaciones.
- Zacatecas | 18 votos a favor y 10 en contra.
- Tabasco | 24 votos a favor y 8 en contra.
- Ciudad de México | 44 votos a favor y 20 en contra.
- Quintana Roo | unanimidad con 21 votos a favor.
- Sonora | 26 votos a favor y 6 en contra.
- Tamaulipas | 25 votos a favor y 7 en contra.
- Campeche | 18 votos a favor y 15 en contra.
- Hidalgo | 24 votos a favor y 5 en contra.
- Nayarit | 23 votos a favor y 6 en contra.
- Oaxaca | unanimidad con 38 votos a favor.
¿Qué se dice sobre la aprobación de esta reforma?
Por un lado, las personas que defienden la reforma comentan que como tal la Constitución ya cuenta con un carácter de supremacía constitucional, sólo que ahora se hace expresa la restricción para la improcedencia de revisiones judiciales, lo que restringe el área de interpretación de la ley con la que contaban previamente los juristas. En este sentido, se busca que la Carta Magna tenga un mayor dinamismo adaptado a la realidad social y sin obstáculos por parte de los mecanismos de orden constitucional utilizados por instituciones como el Poder Judicial.
En contraste, los opositores a la iniciativa acusan que este paquete de modificaciones podría llegar a vulnerar la defensa de los derechos humanos al limitar también la capacidad de la ciudadanía para oponerse a las reformas constitucionales con las que está en desacuerdo. De esta manera, consideran que su aprobación forma parte de una estrategia oficialista en la que los partidos mayoritarios desean blindar sus iniciativas de posibles obstáculos en su proceso de aplicación.
