Este sábado 6 de diciembre de 2025, un vehículo cargado con explosivos estalló frente a la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, en Michoacán, dejando al menos cinco personas muertas y una docena de heridas, según informó la fiscalía. El estallido ocurrió minutos antes del mediodía en una zona céntrica del municipio, a unos metros de la presidencia municipal, afectando también viviendas, negocios, vehículos y un hospital comunitario cercano.
Las primeras declaraciones señalan que la camioneta que explotó, ingresó por la carretera 200 del litoral michoacano y llegó hasta las instalaciones comunitarias antes de detonar, lo que refuerza la hipótesis de un ataque deliberado contra la seguridad comunitaria. La investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), que ya abrió carpeta por “delincuencia organizada” y desplegó peritos especializados en explosivos, genética, balística y criminalística.
La comunidad Santa María Ostula —de la cual forma parte la Policía Comunitaria agredida— condenó enérgicamente el atentado, señalando que su intención fue “generar terror en la población y debilitar la seguridad comunitaria que los pueblos se han dado”. En un comunicado repudiaron el acto, exigieron castigo para los responsables materiales e intelectuales, y demandaron al gobierno federal y estatal garantías reales para la protección de sus pueblos, policías y guardias comunales.
Este ataque sucede en un contexto de constantes agresiones contra policías comunitarias, defensores de la tierra y pueblos originarios en México, especialmente en zonas donde operan grupos del crimen organizado que buscan el control territorial para narcotráfico, extorsión y despojo de recursos. Estos atentados no solo dañan vidas, sino que apuntan a romper la autonomía comunitaria y sembrar miedo en territorios donde las autoridades estatales o federales han fallado en garantizar seguridad.
