El pasado 3 de enero Estados Unidos realizó un ataque militar directo contra Venezuela, que resultó en el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales, incluyendo narcotráfico. La administración liderada por Donald Trump describió la operación como una necesidad de seguridad nacional y una acción para “llevar al dictador ante la justicia”.
La reacción internacional fue inmediata y diversa, los gobiernos de España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay condenaron la acción como un “precedente extremadamente peligroso” que viola la soberanía nacional y el derecho internacional, y advirtieron sobre riesgos para la estabilidad regional. A su vez, las protestas contra la intervención se extendieron por ciudades de Estados Unidos, Europa, Australia y América Latina, donde manifestantes exigieron el respeto a la soberanía venezolana y criticaron el uso de la fuerza sin la aprobación de organismos multilaterales.
La intervención, presentada por Trump como una respuesta al narcotráfico y supuestos crímenes de Estado, también ha sido interpretada por críticos como una muestra del intervencionismo estadounidense motivado por intereses económicos y geopolíticos, especialmente relacionados con el vasto potencial petrolero venezolano. Pues el país sudamericano posee una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, lo que ha alimentado la percepción de que parte del objetivo real de la operación es asegurar el acceso a esos recursos energéticos y reconfigurar la influencia geopolítica de Estados Unidos en Latinoamérica.
A este escenario se sumaron las declaraciones del presidente norteamericano, quien afirmó que Estados Unidos asumiría el control de Venezuela, retiraría el manejo de sus recursos estratégicos —particularmente el petróleo— y retomaría de manera explícita la Doctrina Monroe como eje de su política hemisférica. Esta doctrina, proclamada en 1823 bajo la premisa de “América para los americanos”, ha sido históricamente utilizada por Washington para justificar intervenciones políticas, económicas y militares en América Latina, bajo el argumento de proteger sus intereses y frenar la influencia de potencias externas.
Sus críticos señalan que esta visión ha servido como base ideológica del intervencionismo estadounidense y ha provocado pérdida de soberanía, conflictos internos y dependencia estructural en varios países de la región. Pues el caso venezolano se inscribe en una larga tradición de intervencionismo estadounidense que incluye episodios como Guatemala en 1954, Chile en 1973, Nicaragua en los años ochenta, Panamá en 1989 e Irak y Afganistán, entre otros.
Por último, es necesario destacar que estas intervenciones, ya sea militares, económicas o encubiertas, han sido justificadas bajo el discurso de la democracia y la seguridad, pero frecuentemente han derivado en inestabilidad política, crisis sociales y profundos daños institucionales.
