Después de varios días de protestas en Reino Unido, la situación social parece haberse calmado, al menos de forma superficial, después de que el gobierno hiciera realidad sus advertencias de detener a los ciudadanos que participaran en manifestaciones violentas. Esto debido a que por parte de grupos de extrema derecha, se habían estado registrado ataques a centros religiosos y recintos conocidos por albergar solicitantes de refugio, poniendo en riesgo la vida de cientos de migrantes.
En este sentido, el gobierno informó que de continuar con ese tipo de manifestaciones, las personas involucradas tanto en espacios físicos como digitales, recibirían el completo peso de la ley. Dicho posicionamiento ha implicado la detención de más de 500 personas, los cuales han comenzado con su proceso de enjuiciamiento con condenas de una duración promedio de dos años. Esta situación también ha ocasionado titulares polémicos como la asignación de prisión preventiva y permanencia en un centro de menores para dos adolescentes de 12 años.
A pesar de que las nuevas medidas han funcionado para desincentivar los ánimos de protesta, también han generado un nuevo problema. Pues tras la inesperada detención de los manifestantes, el sistema penitenciario de Reino Unido se acercó de forma preocupante a una cifra de detención de 87.900 personas, cuando su capacidad máxima es de alrededor de 89.200.
Por lo tanto, este lunes el gobierno británico aprobó una serie de medidas de emergencia que permitan desaturar las cárceles lo más pronto posible, pero sin exonerar de sus condenas a los involucrados; tales como retrasar el proceso judicial en casos no urgentes, otorgar prórrogas de libertades provisionales y mantener a los detenidos en estaciones policiales.
