Después de conocerse que el gobierno estadounidense declaró a los cárteles de Sinaloa; Jalisco Nueva Generación; Unidos; del Noreste; del Golfo y la Nueva Familia Michoacana como grupos terroristas, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso a la Cámara de Senadores modificar la Constitución para incluir el “delito de terrorismo” en la lista de casos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Así como establecer, en el Artículo 19 constitucional, que dicha medida cautelar aplicará también e “impondrá la pena más severa posible” al nacional o extranjero “involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley”, tales como “intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación”, o “golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.
El pueblo de México, cita el proyecto de enmienda del artículo 40 constitucional: “Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano, en el marco de las leyes aplicables”. Por último, precisó que México “rechaza cualquier intervención para la investigación y persecución del delito sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano, en el marco de las leyes aplicables” pues el “país privilegia la cooperación y la coordinación para el combate de actividades delictivas que ponen en riesgo la seguridad de la Nación y de las personas”.
