El pasado 12 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado de la República una iniciativa con modificaciones a la Ley del Infonavit la Ley Federal del Trabajo, la cual tiene como objetivo respaldar el Programa Nacional de Vivienda, además de generar un cambio radical en la estructura de la institución para generar una mayor transparencia en el uso de recursos. En seguimiento, el dictamen fue aprobado por el Senado y posteriormente enviado a la Cámara de Diputados, donde comenzará su discusión a partir de la reanudación de sesiones durante el próximo año.
La reforma ha recibido apoyo de senadores de Morena y aliados, quienes argumentan que esta permitirá que gobierno adquiera mayores facultades para garantizar el derecho a una vivienda digna para los trabajadores. Sin embargo, por parte de la oposición también se ha expresado preocupación ante la posibilidad de que las modificaciones representen la entrega de un “cheque en blanco” para que el gobierno utilice sin obstáculos el dinero ahorrado por los trabajadores. Pero, ¿qué de todo es cierto?
¿Qué implica la reforma al INFONAVIT?
Durante la Conferencia Mañanera del día de hoy, el Director General del Instituto, Octavio Romero, realizó una presentación en la que desglosó los principales cambios propuestos para un funcionamiento más eficiente de la dependencia. Inicialmente explicó que a pesar de que en 1972 la creación de esta institución estuvo enfocada en brindar mejores posibilidades de vivienda, a partir de 1987 la toma de decisiones con relación al sistema de entrega de créditos ocasionó que en lugar de facilitar la adquisición de vivienda, el cumplimiento de pagos se hiciera cada vez más complicado para los trabajadores.
Debido a ello, se plantea la necesidad de una reestructuración orgánica que toma como base la estructura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la cual prevalece un sello tripartita. En este sentido, la iniciativa promueve una disminución de miembros en sus máximos órganos:
- Asamblea General pasa de 45 a 30 miembros: 10 del gobierno, 10 trabajadores y 10 empresariales.
- Consejo de Administración pasa de 15 a 12 miembros: 4 del gobierno, 4 trabajadores y 4 empresariales.
- Dirección General: El Director General se vuelve miembro de ambos órganos y se eliminan las Direcciones del sector empresarial y de trabajadores, las cuales no cuentan con funciones sustantivas dentro del instituto y cuyos miembros perciben salarios incluso superiores a los de la presidenta. Además, el director tendrá posibilidad de utilizar un poder de veto en iniciativas con resultados no unánimes.
A pesar de que este punto ha generado confusión debido a los comentarios realizados sobre que el gobierno tendrá mayor poder que los demás sectores, esto no ocurre como tal dentro de los órganos administrativos, sino en los de supervisión, como lo son la Comisión de Vigilancia y el Comité de Transparencia y Auditoría. Aunque esto derivaría en que el gobierno se convierta en juez y parte, también brindaría la posibilidad de que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice la institución, lo que en la actualidad ha sido rechazado en diversas ocasiones por el sector de trabajadores y empresarios.
Pero entonces, ¿el gobierno sí podrá disponer de mi dinero?
La propuesta aprobada por la Cámara de Senadores establece que el Infonavit o su nueva empresa filial para la construcción de vivienda, podrá hacer uso de los recursos bajo su administración exclusivamente para la realización de inversiones propias de construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en terrenos propiedad del Instituto, y destinados a vivienda de los derechohabientes. Sin embargo, esto no implica necesariamente el uso de las subcuentas de ahorros de los trabajadores, sino también otro tipo de recursos como cuentas de rendimiento alternas al Fondo Nacional de la Vivienda.
Aunado a ello y tal como se mencionó, la toma de decisión para el financiamiento de este tipo de proyectos no sólo será responsabilidad gubernamental, sino que seguirá anclada a los posicionamientos de los demás sectores; pues estará limitada por la aprobación del Consejo de Administración y la Asamblea General del Infonavit. Por lo tanto, si bien diversos analistas han recalcado que se requiere una mayor precisión en los términos de la iniciativa, esta no tiene como objetivo dotar de poder al gobierno para que disponga libremente de los ahorros de los trabajadores.
